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El Tribunal Supremo anuló en 10 de noviembre el Real Decreto 1657/2012 de 7 de diciembre que regula la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, al no garantizar que el coste de una compensación justa es abonado por los usuarios de las copias.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado en el pasado, entre otras en la sentencia Padawan, que el sistema español de “canon digital” que gravaba los dispositivos con capacidad de almacenaje al margen de su uso posterior, era contrario a la ley de la Unión Europea. El Gobierno de España decidió entonces, en un giro algo sorprendente, cargar esta compensación a los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo se ha basado en esta misma doctrina del Tribunal Europeo para anular el Real Decreto. Queda por saber qué sistema acorde con el derecho de la Unión planteará el nuevo gobierno.

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